César Tolosa, magistrado del Tribunal Constitucional: “Las políticas públicas sobre medio ambiente no han alcanzado los objetivos buscados”
El magistrado del Tribunal Constitucional César Tolosa Tribiño participó los días 11 y 12 de noviembre en sendas actividades organizadas en la Facultad de Derecho de Universidad de Valladolid. La primera tuvo lugar en el salón de grados del centro de la Universidad de Valladolid, en el marco de los Seminarios del Doctorado en Derecho que se organizan el centro y la Escuela de Doctorado a lo largo del curso bajo el nombre “Diálogos con la Práctica”, bajo la dirección de Enrique J. Martínez y la coordinación de Antonio Jabato. Además, al día siguiente, participó en el ciclo de diálogos para hablar sobre la carrera judicial en el siglo XXI, una conferencia organizada por la Delegación de Alumnos de la Facultad de Derecho.
La primera actividad fue inaugurada por el decano de la facultad, Javier García Medina, y contó además con la participación del fiscal y Letrado del Tribunal Constitucional, Javier Zaragoza Tejada, así como del Magistrado del Tribunal Supremo Javier Hernández García. El Magistrado del Tribunal Constitucional César Tolosa Tribiño analizó en “Diálogos con la práctica” los profundos retos jurídicos que plantea el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos.
Protección ambiental en la Constituciónflic
Bajo el título "La naturaleza como sujeto de derechos", el magistrado desgranó la evolución de la normativa medioambiental y el cambio de paradigma global que supone pasar de una visión "antropocéntrica a una ecocéntrica.
En la primera parte de su intervención, Tolosa destacó el proceso de "constitucionalización" de la protección ambiental, presente en la Constitución española. Sin embargo, advirtió que, pese a este avance, "las políticas públicas sobre medio ambiente no han alcanzado los objetivos buscados". Señaló que, mientras la Unión Europea ha cosechado "sucesivos fracasos" en esta materia y las reformas en Alemania o Italia no la contemplan, España se ha situado como "pionera en Europa" al seguir la senda de países latinoamericanos como Colombia, Ecuador o Bolivia.
El eje central de la ponencia fue el análisis de la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. El magistrado explicó que esta ley, si bien refleja el nuevo paradigma ecocéntrico, adolece de conceptos jurídicos "vagos e imprecisos a la hora de ponerlos en marcha".
Tras explicar la Sentencia 142/2024, que resolvió sobre la constitucionalidad de dicha ley, el magistrado se centró en exponer los motivos de su voto particular discrepante. Fundamentó su desacuerdo con el fallo de la mayoría en cuatro puntos críticos: Falta de justificación, ya que considera que no existe "justificación suficiente para modificar la doctrina" sobre la protección del medio ambiente derivada del artículo 45 de la Constitución; invasión de competencias, denunció la "extralimitación competencial" de la ley estatal, al considerar que "cercena las competencias autonómicas" en la materia; inseguridad jurídica:, ya que alertó sobre la "quiebra del principio de seguridad jurídica" (art. 9.3 CE) provocada por la "notoria indefinición del régimen jurídico" de la nueva personalidad atribuida al Mar Menor; y Derecho de la UE, para lo que apuntó una posible "contravención del Derecho de la Unión Europea".
